Prescripción de medicamentos: un negocio millonario a costa del personal de enfermería

Hace más de tres meses que entró en vigor el impresentable Real Decreto Ley de “Prescripción Enfermería” y día a día van surgiendo incidentes que van añadiendo problemas a un ya de por sí explosivo contexto.

Por un lado la Organización Médica Colegial amenaza con las consecuencias que tendrá para la enfermería si hay “pacientes afectados”, como si el problema generado por un Real Decreto Ley imposible de cumplir por las incongruencias en su contenido (remite a cumplir obligatoriamente protocolos y guías que no están publicados) fuese un problema exclusivo de la enfermería, cuando lo es de todo el ámbito sanitario.

Por el otro, el Consejo General de Enfermería y el Sindicato SATSE, cómplices necesarios en la redacción del Real Decreto Ley, en lugar de defender las competencias de la profesión y la habilitación que otorga el grado de enfermería y las especialidades, sólo se preocupan en convertirse en agentes formadores para las habilitaciones profesionales.

Sus fotos con Rajoy, con Ana Mato y con Alfonso Alonso en sus reuniones ministeriales con la firma del vergonzoso acuerdo sobre sostenibilidad de la sanidad pública que favorece su privatización, han sido difundidas “por doquier” para que quedara constancia de su gran labor y de su gran cercanía con el gobierno del PP, en beneficio mutuo. Ese protagonismo, contrapuesto de los intereses reales de la profesión de enfermería, fue recompensado con un texto “casi-definitivo” del Real Decreto Ley, que denigra, menosprecia y humilla a toda la enfermería. Al final es la Organización Médica Colegial, junto con los irresponsables del Ministerio de Sanidad, los que redactan el texto definitivo del Real Decreto Ley, de cumplimiento imposible, demostrando su total desconocimiento de la realidad asistencial, de la profesión y competencias de enfermería.

Tras el golpe de mano del Ministerio de Sanidad y la OMC, el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE se quieren presentar como los defensores de la profesión de enfermería. Recurriendo ante la justicia solo el inciso segundo del artículo 3.2, del Real Decreto Ley. Intentando hacer creer a la enfermería que si se suspende es gracias a ellos. Lo que no dicen es que defienden la necesidad de que las 275.000 personas profesionales de enfermería del estado tengan que realizar un curso de cientos de horas para obtener una acreditación que les permita hacer su trabajo habitual, dispensar medicamentos que se venden en farmacias sin receta o que se pueden comprar por internet por cualquier ciudadano. Lo que no publicitan  es que el Real Decreto Ley recoge que esos cursos los impartirá el Consejo General de Enfermería y otras entidades que promuevan el desarrollo profesional (la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería es la que imparte la formación del SATSE). El negocio está garantizado.

La enfermería es una profesión que ha evolucionado con los años, ahora requiere de unos estudios universitarios de grado (4 años) más 2 años de especialización, por encima de profesiones como podólogo u odontólogo que, curioso, sí están autorizados por la Ley a prescribir como los médicos. Las competencias de enfermería garantizan su capacidad para desarrollar toda una labor asistencial y colaborativa con la del resto de  personal de sanidad, y así ha sido hasta el Real Decreto Ley. Sólo estos grupos, con grandes intereses en mantener su poder en la Sanidad (OMC, SM, CGE y SATSE), y unos políticos interesados en cortocircuitar la sanidad pública, se empeñan en intentar mantener un status obsoleto e ineficaz, que lo único que consiguen y/o persiguen es perjudicar e impedir la mejora de la calidad asistencial y dificultar la existencia de una sanidad pública universal y de calidad para todas las personas.